Democracia manchada de sangre, por João Pedro Nizato

Venezuela vive una gravísima crisis económica, entre cuyos factores se elencan la mayor inflación de Suramérica – alcanzó los 68,5% en 2014, segundo el Banco Central del País-, el congelamiento de precios como medida anti-inflacionaria, de la cual se deriva la escasez de productos básicos y el aparecimiento de un mercado paralelo; lo que demuestra la falta de control del gobierno en esta situación.

Entre los factores que agravan aún más la crisis se encuentra la recesión del mercado de commodities y la mayor queda del precio del barril de petróleo desde el colapso económico de 2008. El valor del barril ha sido negociado por debajo de los US$ 50, mientras que en junio pasado era comercializado a US$ 115. Esta caída afecta directamente a Venezuela, que es miembro de la OPEP y posee una muy fuerte dependencia con el mercado petrolero. El país recibe impactos irreducibles en la balanza de pagos y en la reserva de divisas, dada la fuga de capitales financieros.

No bastando solo la crítica en el ámbito económico, es ingenuidad no interesarse por todos los componentes del escenario. Hay que ver el panorama general. Desde la muerte de Hugo Chávez, en 2013, la política bolivariana del gobierno de Nicolás Maduro se ha vuelto aún más controvertida y ha provocado el crecimiento de la oposición, que hoy es mayoritaria en la población. Maduro mantiene el grito chavista contra el imperialismo norteamericano y así sostiene la tensión entre los dos países.  De igual manera, traza un eje divisor en la región: los países del sur al mismo tiempo que buscan nuevos rumbos para las políticas hechas en Caracas también no están de acuerdo con la intervención directa de EE.UU. Tal vez con la única excepción de Bolivia, los actores suramericanos mantienen relaciones estrechas con Estados Unidos y, por lo tanto, buscan una salida a través del diálogo y libre de grandes constreñimientos.

En febrero de 2014, como resultado de una serie de protestas contra el gobierno,  la presidencia de Maduro se vio envuelta en sangre tras haber más de 40 muertes de manifestantes registradas hasta el mes de marzo de ese año. Las protestas contaban con una mayoría de estudiantes y oposicionistas en general, pero hubo miles de personas a favor de Maduro que también fueron a las calles en respuesta a la oposición. El movimiento, en principio pacifico, se caracterizó en su desarrollo por el uso desmedido de armas de fuego, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de civiles. Ese tipo de medida se volvió corriente y la escalada de la violencia aumenta la ya latente inseguridad, que es uno de los ejes más destacados en las protestas.

La prisión de Leopoldo López, uno de los más notables políticos de oposición y cofundador del partido Primero Justicia, se insiere con destaque en el contexto de abuso de poder. En 2008 fue retirado de su cargo por denuncias internas de corrupción, pese a nunca haber sido acusado o juzgado en un proceso formal. El 18 de febrero del año pasado, acusado de instigar la violenta revuelta de la oposición, fue preso sin ser condenado formalmente como exige el orden jurídico venezolano. Pasado un año, Leopoldo aún se encuentra detenido sobre la voluntad arbitraria del gobierno. Junto a él, centenas de personas están arrestadas sin el cumplimiento de formalidades. Denuncias de abuso físico en cárceles o en las calles por la policía son hechas diariamente al Ministerio Publico y al Ministerio del Interior y, en verdad, la situación es de negligencia de algunos principios fundamentales del Estado de Derecho.

Más recientemente, en febrero, el Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue escoltado por las fuerzas armadas bajo la acusación de planear un golpe de estado contra Maduro. Un Acuerdo Nacional para la Transición fue firmado por Ledezma, López y varios otros políticos oposicionistas, documento que, según el Jefe de Estado comprueba la implantación de un golpe. El portavoz de la oposición, Henry Ramos Allup, afirmó que el documento ni siquiera insinúa un golpe, sino que es una petición por el fin del chavismo. Ahí se ve que la oposición se organiza dentro de las normas legales en un régimen democrático para exigir el cambio de gobierno. Ella aje contrariamente a la instauración de un golpe, en el sentido de la legalidad,  y los factos analizados comprueban que Maduro se utiliza de un discurso vacío de referencias que no sean de su antojo, así como de estrategias radicales para reprimir los disidentes y depreciar sus acciones a través de los medios de comunicaciones.

La prisión de Ledezma reverberó en Latinoamérica como otra llamada oportuna a la diplomacia vecina intervenir en el régimen autoritario. El congreso de Estados Unidos votó a favor de sanciones contra Maduro caso no se realice una elección parlamentar. El presidente venezolano, a su vez, se utilizó del momento para escenificar una maniobra militar y convocar a una reunión de emergencia de la Unasur, buscando garantizar la ampliación de sus poderes y gobernar bajo decreto hasta en fin del año. La iniciativa de Maduro añadida al proceso empezado por Unasur de construcción de una identidad suramericana en la línea de defensa y seguridad resultó en el apoyo total de órgano al gobierno de Venezuela.

A finales de marzo, el expresidente español, Felipe González declaró su apoyo a los dos prisioneros políticos y a Unasur. Es un gesto que conlleva influencias positivas en el escenario internacional y aumenta la repercusión del caso. La defensa de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela viene también de discursos atávicos de Amnistía Internacional, de la organización Humans Right Watch y de las Naciones Unidas, que, preocupadas con la fragmentación interna de la justicia en la República Bolivariana de Venezuela, parecen no valerse de todas herramientas disponibles para incursionar cambios significativos e inmediatos.

En una situación de completa crisis y que afecta toda la población de Venezuela, es deber de la Unión de Naciones Suramericanas asumir su identidad frente a la crisis, hacer con que el escenario no desborde sus fronteras y que lo mismo no continúe. El único medio es responsabilizarse inmediatamente utilizándose de su expertise diplomática – oculta incluso en la comisión enviada al país para una reunión con Maduro y con la oposición – y de su autonomía en la región, todavía es imprescindible evitar el aislamiento de Venezuela, preocupación que parece tener foco especial, considerando los discursos de apoyo al gobierno y la ínfima consideración que se hace públicamente por la oposición. Tampoco se debe permitir que sanciones futuras de Washington sean decretadas sin el mínimo consenso de los estados suramericanos.

Para tanto, se debe considerar el facto de que el órgano regional se encuentra tullido en su potencial deliberativo mientras no llegue a un consenso interno.  En este sentido, en 2013, el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de Unasur aprobó un Plan de Acción que desarrollaría proyectos de acciones humanitarias, cooperación militar y políticas de defensa, allá de asumir la redacción de un Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación, idealizado en 2009, con interés de todos los Estados Miembros. Esos movimientos deberían traer dinámica al proceso deliberativo, agilizando medidas conciliatorias en situaciones complejas y centralmente evitando el afloramiento de nuevas crisis. Pasados seis años de su idealización, el Protocolo todavía no fue producido y tampoco se avanzó sustancialmente en la crisis de Venezuela. Pese a que Unasur tenga mérito en otros casos, como la crisis entre Colombia y Ecuador o entre el gobierno de Bolivia y su oposición, ambas culminadas en 2008, es indiscutible la inacción que se ha progresado dentro del órgano suramericano.

El día nueve de marzo de 2015, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró que la seguridad y la política externa de su país estarían sufriendo una “amenaza extraordinaria” por el gobierno venezolano. Eso resultó en un decreto del presidente americano, que aplicaría sanciones “a las personas involucradas responsables por la erosión de las garantías de los Derechos Humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de libertades de prensa, el uso de violencia […] así como la presencia agravante de corrupción pública significativa en ese país.” En verdad, hasta ahora esa sanción fue direccionada a siete altos funcionarios del gobierno venezolano e implica el bloqueo de sus propiedades e intereses. Los 12 países integrantes de Unasur firmaron posición contraria a la sanción y apoyo a Venezuela.

Es irónico que la preocupación central del gobierno estadounidense sea “la causa humanitaria” que atraviesa Venezuela, pues ¿cómo olvidar de su actuación prolongada y brutal en Iraq, Afganistán y Guantánamo? Es cierto que en esos casos el interés por los derechos humanos ha sido periférico, quizá olvidado de manera aún más grave si se piensa en el número de muertos, heridos y afectados directa o indirectamente por la política externa norteamericana. Sin duda, la crisis que atraviesa el país podría traer desbordamientos a EE.UU – y a toda la región –, a ejemplo claro de un posible incremento migratorio de venezolanos a países cercanos. Un efecto secundario del escenario es que el respaldo a sanciones e intervenciones futuras en el discurso estadounidense cerciore de que Nicolás Maduro tenga más justificativas contra el gobierno americano en su propaganda.

Evento de extrema importancia para el desarrollo de esas cuestiones fue la VII Cumbre de las Américas, realizada el 10 y 11 de abril, que merece consideraciones ya que el diálogo – indirecto – entre Maduro y Obama ha sido uno de los destaques del encuentro de los países de OEA. Venezuela declaró estar lista para nuevas relaciones con EE.UU, explorando en camino del respeto y de conversaciones. Por su vez, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU dijo que Obama indicó su apoyo a un dialogo pacifico, que “su interés no es amenazar a Venezuela, sino  apoyar la democracia.” Aunque parezca señales de cambio, la orden judicial contra los funcionarios ya está implementada y no será derogada, según la subsecretaria de Estado de la Casa Blanca. Otro aspecto a subrayarse es el fenómeno histórico de reanudación entre Cuba y Estados Unidos oficializada con el regreso de la isla en la cumbre. Por supuesto que el acontecimiento merece un análisis que considere el medio siglo de relaciones suspensas y las causas profundas de entablar un diálogo ahora, pero se desprende que la gran potencia vive un momento de conversaciones y está abierta a asociaciones con toda América, incluso con Venezuela caso se supere los puntos de inflexión. Todavía, ninguna declaración conjunta ha sido firmada en la cumbre, lo que demuestra el tono genérico de las conclusiones y exige cautela en la previsión de resultados extraordinarios para la región.

Perspectivas futuras no deben ser tan optimistas. Las negociaciones entre Unasur, Venezuela y la oposición se encuentran congeladas, ya que las principales solicitaciones de los representantes de la oposición no fueran atendidas. En sentido parecido, ni Unasur ni Maduro ha hablado de soluciones a corto plazo para los presos políticos, una inacción ultrajante para toda la población venezolana. Por último, se debe esperar la apertura de diálogo entre EE.UU y Venezuela, basado en las conclusiones de la Cumbre de las Américas. Caso no ocurra esa aproximación, la tendencia es una postura aún más activa de la oposición y competerá a Unasur utilizarse de medidas más urgentes y perentorias.

Que el país bolivariano esté muy mal económicamente y que el auxilio de la comunidad internacional sea blando es algo que se pueda esperar de una región con una débil integración económica y financiera. Además, ¿cómo recibir auxilio de países que también necesitan de refuerzos en el ámbito económico? Sin embargo, una reacción más atenta debería de venir de los países vecinos desde el momento en que el Presidente venezolano decide actuar autoritariamente en un régimen legalmente democrático, incumpliendo principios de los derechos humanos. En ese caso no es posible optar por la negligencia o aun respetar la soberanía venezolana. Maduro sensibiliza su autoridad cuando viola las directrices del derecho internacional. Es imprescindible que la comunidad suramericana reformule su pragmatismo político y dé énfasis en la cooperación ya que la actual postura de Maduro tiende a reflejar en la seguridad de la región dentro de un futuro cercano.

    Referências

  • Xavier, Elaine Melo. “A Unasul e a OEA na resolução de conflitos sul-americanos.” SÉCULO XXI, Porto Alegre, V. 2, Nº2, Jul-Dez 2011
  • Ayuso, Silvia. “Obama decreta novas sanções contra altos funcionários da Venezuela”. El País, posteado el 9 de marzo 2015 (consultado el 2 de abril 2015) http://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/09/internacional/1425919831_255459.html
  • Meza, Alfredo. “Unasul tenta mediar crise política da Venezuela”. El País, posteado el 7 de marzo 2015 (consultado el 2 de abril 2015) http://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/06/internacional/1425674826_481016.html
  • Constante, Soraya. “El líder de Unasur apoya la labor de Felipe González en Venezuela”. El País, posteado el 25 de marzo 2015 (consultado el 2 de abril 2015) http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/25/actualidad/1427318866_609627.html
  • Buitrago, Deisy. “Venezuela cierra 2014 con una inflación anual del 68,5% -banco central”. Reuters España, posteado el 14 de febrero 2015 (consultado el 2 de abril 2015) http://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN0LI09U20150214
  • Ledezma, Antonio, Leopoldo López y María Corina Machado. “Acuerdo Nacional para la Transición”. Caracas, 11 de febrero 2015 (consultado el 4 de abril 2015) http://www.acuerdonacionalparalatransicion.com/
  • Documento de Unasur. “Declaración Final de la Reunión Extraordinaria del Consejo de jefes y jefas de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas”. Los Cardales, Provincia de Buenos Aires, Argentina,  4 de mayo de 2010 (consultado el 10 de abril 2015) http://www.comunidadandina.org/unasur/4-5-10BuenosAires.htm

João Pedro Nizato é graduando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília – UnB e membro do Programa de Educação Tutorial em Relações Internacionais da UnB – PET-REL (jpnizato@gmail.com)

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