Argentina y el acuerdo con el Club de París: ¿muestra de autonomía o reflejo de su agotamiento?, por Nicolás Creus

El 29 de mayo de 2014, Argentina llegó a un acuerdo con el Club de París tendiente a regularizar la deuda que mantiene con los países acreedores nucleados en dicho foro, la cual se encuentra en default desde diciembre de 2001.

Este hecho representa una muy buena noticia para el país por diversas razones. En primer lugar y en términos generales, porque se avanza en la resolución de una de las cuestiones pendientes del proceso de rearticulación con el sistema financiero internacional iniciado por parte de Argentina luego del default de 2001. En segundo lugar e íntimamente relacionado con lo anterior, el acuerdo conlleva necesariamente una baja en el riesgo país y en consecuencia, tal como lo advirtió el analista Eduardo Levy Yeyati, reduce el costo financiero a la hora de buscar fondos internacionales, lo cual beneficiaría a las provincias, a las empresas públicas y privadas y posiblemente al Tesoro nacional. En tercer lugar, mejora la relación con los países acreedores y permite que sus agencias de desarrollo destinen financiamiento en mejores condiciones para que sus empresas lleven a cabo proyectos de inversión en la Argentina. De este modo, si bien no la asegura, genera mejores condiciones para la atracción de inversión externa directa. Por último, abre las puertas para acceder a préstamos para obras de infraestructura y proyectos de desarrollo en otros espacios multilaterales, donde enfrentaba una fuerte oposición, tales como el Banco Mundial.

De este modo, resulta evidente que arreglar con el Club de París fue una decisión correcta y necesaria. Ahora bien, la importancia y la necesidad de resolver esta cuestión pendiente, no debe confundirse con la valoración final del acuerdo y de su significado para las relaciones internacionales de Argentina.

Según lo detallado en los sendos comunicados oficiales emitidos por el Club de París y el ministerio de Economía de Argentina, el acuerdo fijó el monto de la deuda consolidada en 9.700 millones de dólares. Asimismo, se estableció un plan de pagos flexible, en el cual se determina que Argentina deberá afrontar un pago mínimo cada año, al tiempo que se fija un criterio de pagos adicionales en caso de incremento en las inversiones provenientes de los países miembros del Club. En cuanto al cronograma, a priori parece algo acotado, ya que estipula la cancelación total de la deuda en un plazo de cinco años, que puede extenderse a siete en caso de que las inversiones adicionales fuesen valoradas como insuficientes.

El pago inicial acordado es de 1.150 millones de dólares, repartidos en 650 millones a pagar en julio de 2014 y 500 millones en mayo de 2015, más intereses. Si bien este monto es más elevado que el que pretendió pagar Argentina en un principio (250 millones de dólares), a cambio de este esfuerzo el país logró evitar la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) como auditor y supervisor de la sustentabilidad del acuerdo.

En función de esto, el gobierno argentino así como también muchos analistas, no dudaron en presentar el arreglo alcanzado como un hecho histórico y como una nueva muestra de autonomía por parte de Argentina en sus relaciones con la comunidad financiera internacional. Tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como el ministro de Economía, Axel Kicillof, coincidieron en calificar la no intervención del FMI como un aspecto sumamente positivo y destacaron que se logró negociar “sin poner al país de rodillas”.

Sin embargo, si vamos más allá de la foto del acuerdo y analizamos el proceso en perspectiva, es posible llegar a conclusiones algo diferentes. Tal como se mencionó, la deuda con el Club de París se encontraba en default desde diciembre de 2001. Desde entonces, hubo algunos intentos por resolver la cuestión que no prosperaron y conviene repasar.

Luego de la exitosa reestructuración de una porción significativa de la deuda con los acreedores privados mediante el canje de 2005 y de la posterior cancelación total y anticipada de sus compromisos con el FMI, acordada en diciembre del mismo año y efectivizada en 2006, Argentina –con menores urgencias– pretendió seguir por la senda de la autonomía y resolver las cuestiones pendientes del default, tales como la deuda con el Club de París, de acuerdo con sus propios criterios.

En tal sentido, el gobierno argentino se propuso negociar la refinanciación de sus pasivos con el referido foro de países acreedores pero sin someterse a la revisión de sus cuentas macroeconómicas, en función de lo estipulado en el artículo IV del estatuto del FMI. La resistencia por parte de Argentina se explica a partir del hecho de que la intervención del Fondo hubiese implicado cuestionamientos al manejo de su política económica, fundamentalmente en lo relativo al carácter expansivo de su política monetaria y a la necesidad de controlar las presiones inflacionarias. Otra exigencia era la de garantizar una mayor transparencia en las estadísticas oficiales. El Club de París no aceptó esta condición de Argentina e insistió en la intervención del Fondo como requisito para la concreción del acuerdo.

Ante esta situación y a los fines de evitar la injerencia del organismo multilateral, en 2008 Argentina desistió de la refinanciación de la deuda y amparándose en sus reservas, propuso cancelar sus obligaciones mediante un pago de contado –en ese momento lo adeudado rondaba los 6700 millones de dólares–. Sin embargo, el advenimiento de la crisis financiera internacional en ese mismo año, puso de manifiesto la sobreestimación del potencial autonómico y llevó al gobierno a abortar la operación. No obstante, esto no implicó una marcha atrás en la postura de marginar al Fondo. En aquel entonces –todavía con superávit gemelos y una considerable cantidad de reservas acumuladas–, la pretensión de imponer se impuso por sobre la necesidad de acordar. De este modo, la resolución de la deuda con el Club de París se pospuso. Apoyado en sus recursos propios, el gobierno argentino adoptó una posición de prescindencia respecto del sistema financiero internacional y permaneció al margen de los mercados de capital.

Esta actitud comenzó a modificarse hacia finales de 2013 y principios de 2014. Ante un renovado escenario de restricción externa, la necesidad de acordar con el Club de París comenzó a ganar espacio. Los crecientes desequilibrios macroeconómicos condujeron al gobierno a implementar algunas políticas de ajuste demandadas por el mercado, propias de un programa de estabilización clásico del FMI. Un ejemplo de esto lo constituyen la devaluación de un 20% de la moneda y la suba de la tasa de interés de referencia de un 15% a un 29%.

En este contexto, la condición de no incluir al Fondo en las negociaciones con el Club de París claramente comenzó a perder relevancia, al menos desde la perspectiva de los acreedores. No obstante, para Argentina esto siguió siendo importante por razones políticas, ceder en esta cuestión dejaría al gobierno demasiado expuesto a nivel doméstico. A su vez, para los acreedores ceder en este punto –ya no tan relevante–, implicó un mayor margen para exigir un pago inicial más alto, no aceptar quita en el capital de la deuda, ni reducción de intereses, ni plazos prolongados para la cancelación de las obligaciones –todos aspectos presentes por ejemplo en la reestructuración de deuda de 2005–.

De este modo, no se trató precisamente de un acuerdo en donde el deudor impuso las condiciones, como muchos pretendieron presentarlo. Argentina finalmente aceptó hacer lo que se había negado en años anteriores, con el consecuente costo financiero de la demora.

En conclusión, el acuerdo con el Club de París, más que una muestra de autonomía, constituye un reflejo de su agotamiento, así como también una confirmación de la insostenibilidad de la pretendida prescindencia del sistema financiero internacional. Luego de la sobreestimación de los márgenes de maniobra que tuvo lugar después del canje de 2005 y de la cancelación con el Fondo, resulta impostergable reconocer los límites y reubicar el potencial autonómico.

Nicolás Creus es docente de la asignatura “Política Internacional Argentina” -UNR y Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET. (nicolascreus@gmail.com)

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