Las razones del incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia medioambiental por parte del Estado, por Cristina Andrea Britez Silveira Márquez

Entender las razones por las cuales un Estado incumple las obligaciones internacionales en materia medioambiental no resulta un tema de fácil análisis más aún cuando se trata de normas que beneficiarían a toda la humanidad.  En este análisis no se pretende agotar las razones sino, simplemente, vislumbrarlas en virtud de las concepciones teóricas que brindan las relaciones internacionales y el derecho internacional.

Desde la teoría de las relaciones internacionales, y posicionándonos desde el constructivismo (Wendt 1999), existe tres grandes razones– conceptualmente grados de internacionalización de normas- , que independientemente de la cultura anárquica imperante (Hobbesiana, Lockeana, Kantiana), provocan que el Estado incumpla con esas obligaciones asumidas voluntariamente en el sistema internacional. Estas razones están basadas en tres pilares: imposición externa/ coerción, autointerés y legitimidad.  En el marco de la coerción o imposición externa– y siempre sin discriminar por cultura anárquica imperante-, el Estado no cumpliría con lo pactado porque ningún actor externo tiene la suficiente fuerza como para exigirle el cumplimiento de la obligación, el castigo no es importante, la amenaza del uso de la fuerza es vana o las sanciones son insuficientes o ineficaces. En el marco del auto-interés, el Estado incumpliría por razones prudenciales sobre la base del respeto irrestricto de sus propios intereses. La coerción no sería inmediata o aún cumpliéndose, estaría restringida; por lo cual, el Estado actuaría según su conveniencia e incumpliría si los beneficios son menores a los costos y cumpliría si son mayores, por ejemplo, en términos de seguridad o comercio.  En el marco de la legitimidad,  un Estado raramente incumpliría sus compromisos, porque creería  que dichas normas son legítimas y por lo tanto, existe una identificación con las expectativas ajenas y un interés en cumplirlas.

Enfocándonos en la idea del cumplimiento por razones prudenciales se podría aplicar la teoría de los juegos (Tesón 1998).  Si aplicamos el dilema del prisionero, podría decirse que no se cumplen con las acciones  que ayudaría a preservar  el medio ambiente porque otros Estados podrían no hacerlo y en consecuencia,  podrían desarrollarse más rápidamente- con el estado actual de la tecnología-, dejando- al Estado que decide cooperar o cumplir la norma- en inferioridad de condiciones. Aquí,  el costo “contaminación” se supone menor al beneficio del desarrollo, a la vez, que no se consideran los perjuicios futuros al propio proceso de desarrollo. Así, actuar racionalmente puede implicar no cumplir  con el tratado cuando en la base de su razonamiento está el interés nacional a la búsqueda del desarrollo.

Por otra parte,  si aplicamos el dilema de la coordinación, los estados cooperarán en materia medioambiental porque al hacerlo las partes intervinientes se beneficiarían de la coordinación de intereses a partir de la percepción del problema común (Barbé 2007, 206). El incumplimiento se establecería por desconfianzas que, sin embrago,  no serían persistentes, ya que se diluirían a través de, por ejemplo, negociaciones (Tesón 1998, 101) y también por efecto de las sanciones/represalias que se aplicarían por el no cumplimiento afectando la expectativa de una acción estatal estable.

Desde el derecho internacional, en cambio, el cumplimiento de la totalidad de las  normas convencionales se sustenta en el principio  pacta sunt servanda. Este principio establece que todo tratado vigente obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe, según lo establece el artículo 26 de la Convención De Viena sobre el derecho de los Tratados (Barboza 1999, 120-121). Caso contrario, el Estado incurre en responsabilidad internacional y debe reparar el daño causado,  sometiéndose a las sanciones- con exclusión del uso de la fuerza- derivadas del incumplimiento de las obligaciones que asumió voluntariamente.

Así, el acatamiento a este principio consuetudinario pacta sunt servanda se encuentra en la base del cumplimiento estatal de los tratados (Barboza 1999, 47). Sin embargo, esto no explicaría por qué ciertos Estados no cumplen las obligaciones internacionales asumidas. En este sentido, Tesón menciona que dicho no acatamiento, lleva a considerar que entonces no estaríamos en presencia de una norma consuetudinaria, que debe por definición ser una práctica constante y de percepción obligatoria, sino de una regla moral que resalta lo que es correcto hacer (Tesón 1998, 104). Por ello, resulta menester reflexionar sobre incumplimientos estatales por  cálculos racionales de costo- beneficio y/o complementariamente, por la incapacidad de las sanciones de producir daños graves al Estado infractor.

En conclusión, analizando distintas concepciones teóricas para entender las razones por la cual los Estados no cumplen con las normas que voluntariamente han consentido, hemos observado que el cuidado del medio ambiente se posiciona como un problema para la supervivencia de la humanidad, pero sujeto a los intereses particulares de cada Estado. Así, la existencia de intereses divergentes  entre los Estados, aunque existan problemas comunes, y la primacía de una concepción voluntarista de la acción estatal frente al incumplimiento conllevan a considerar  que el Estado incumple por variadas razones, desde  la inefectividad de las sanciones internacionales, un cálculo que costo-beneficio que intenta preservar los intereses nacionales o  la inexistencia de la interiorización de las normas como de legítimo cumplimiento, violando lo que en derecho son los principios de pacta sunt servanda y buena fe y atentando, por ello, contra la paz, el orden internacional y  la cooperación futura interestatal. Posiblemente, cuando se comprenda  cabalmente la importancia de la protección del medio ambiente para nuestra propia supervivencia, las medidas que tomemos en ese momento sean insuficientes.

Bibliografía

BARBÉ, Esther (2007). Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos.

BARBOZA, Julio ( 1999). Derecho Internacional Público. Buenos Aires: Zavalia.

TESÓN, Fernando (1998). “Derecho Internacional, teoría de los juegos y moralidad”.Traducido por Leila Sirotinsky. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, vol 3, N° 2,  pp.  91-120. Disponible en http://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub_a3n2.html. Fecha de consulta: 20/04/2014.

WENDT, Alexander (1999). Social Theory of Internacional Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Cristina Andrea Britez Silveira Márquez esta cursando Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías en Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba – UNC (andreasilveiramarquez@yahoo.com.ar)

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