¿Por qué el gobierno colombiano desacata a la CIDH?, por Edwin Cruz Rodríguez

El pasado 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la resolución 5/2014, solicitó al Estado colombiano medidas cautelares para prevenir un daño irreparable y proteger los derechos del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, suspendiendo el fallo que la Procuraduría General de la Nación profirió en su contra, mediante el cual lo destituía e inhabilitaba por quince (15) años para ejercer cargos públicos. Horas más tarde, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, decidió no acatar tales medidas, destituir a Petro y nombrar un alcalde encargado, convirtiéndose en uno de los pocos gobiernos que ha desobedecido las disposiciones del organismo interamericano. ¿Cómo explicar esta conducta?

Tal decisión se explica por elementos institucionales y coyunturales asociados a la dinámica electoral. En 2006 se implementó una reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del Presidente por un período, lo cual originó un desequilibrio de poder en el sistema político para el que no se generaron pesos y contrapesos. En consecuencia, muchas de las decisiones del gobierno, como el desacato de la CIDH, han quedado sujetas a cálculos electorales, en este caso para procurar la reelección en los comicios que tendrán lugar el próximo mes de mayo, frente a los cuales otros actores del sistema tienen poca capacidad de maniobra.

La sanción de la Procuraduría en contra de Petro se produjo el 9 de diciembre de 2013 y suscitó una ola de protestas pacíficas por parte de los seguidores de Petro, declarados “indignados”. El dictamen se originaba luego de que el Procurador, Alejandro Ordoñez, abriera desde diciembre de 2011 una investigación contra el Alcalde por considerar, entre otras cosas, que había vulnerado el derecho a la libre empresa, al cambiar el esquema de recolección de basuras privado por uno mixto, público y privado.

Tanto la investigación como el fallo del Procurador, fueron interpretados por diversos sectores como un abuso de poder y una persecución a la izquierda. En efecto, en Colombia es públicamente sabido que el Procurador defiende una ideología de derecha, que no esconde a la hora de proferir sus fallos. Así, en septiembre de 2010 también destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 18 años a la entonces senadora Piedad Córdoba, al interpretar su mediación en la liberación de secuestrados por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como una colaboración con esa organización ilegal. Ahora, el mismo tratamiento se producía en contra de Gustavo Petro, quien perteneció al Movimiento 19 de Abril (M-19), guerrilla urbana que, demandando una ampliación de la democracia, decidió entregar las armas y hacer política legal a principios de los años noventa.

Aunque la Constitución Política no prohíbe expresamente a la Procuraduría destituir funcionarios electos por voto popular, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 23) establece que sólo se pueden suspender los derechos políticos en virtud de “condena por juez competente en proceso penal”. Por consiguiente, la Procuraduría se había extralimitado en sus funciones, pues ni Córdoba ni Petro, ni muchos otros funcionarios de elección popular destituidos, han sido condenados por un juez, sino sancionados por presuntas faltas disciplinarias. Además, aún cuando la Procuraduría hubiese actuado conforme a derecho, sus críticos consideraron exagerada la prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años, pues eso implicaba una “muerte política” para Petro, uno de los principales dirigentes de la izquierda democrática.

Durante todo este proceso el gobierno, en cabeza de Santos, se esforzó por guardar la neutralidad asegurando que acataría las decisiones de la justicia y que su única preocupación era salvaguardar las instituciones. Incluso, el pasado mes de enero el Presidente aseguró que, si la CIDH concedía medidas cautelares a Petro, serían irrestrictamente acatadas. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 9 de marzo, que mostraron tendencias que podrían afectar la reelección de Santos.

Si bien en esos comicios la derecha salió ampliamente beneficiada, los resultados no convinieron del todo al Partido de la U, del presidente Santos, ni a los otros partidos de su coalición, puesto que la otra fracción de derecha no sólo consiguió que su cabeza visible, el expresidente Álvaro Uribe, fuese electo como senador, sino también una nutrida bancada y algo más de un millón de votos. La situación no sería preocupante para Santos si no fuera porque los votos de su contrincante, el partido Centro Democrático, fueron catalogados como “de opinión” debido a que se apoyaron en la figura de Uribe, participando con una lista electoral cerrada, sin voto preferente como los demás partidos.

En la mañana del 19 de marzo, Santos se reunió con delegados de los partidos de la coalición que apoya su reelección, antes de destituir al Alcalde Petro. Con tal gesto, dio a entender que la decisión que tomaría unas horas después, no sería con arreglo a derecho ni estaría orientada hacia la justicia, sino que se trataría de una decisión netamente política que obedecería al cálculo electoral. Así pues, con la destitución de Petro, Santos podría atraer el voto de opinión de la derecha. Más aún, mediante esa decisión podría fortalecer su alianza con el partido Cambio Radical cuyo jefe, Germán Vargas Lleras, oficia como fórmula vicepresidencial de Santos y desplegó una crítica inflexible contra Petro, al ver afectados intereses de sus representados, como los gremios de recolección de basuras y de construcción.

Santos justificó su decisión afirmando, contra toda lógica jurídica, que la solicitud de la CIDH no era vinculante, cuando la jurisprudencia nacional se ha encargado en varias oportunidades de afirmar que ese tipo de disposiciones sí lo son, pues la Convención Americana de Derechos Humanos hace parte del bloque de constitucionalidad. Al respecto, la Corte Constitucional ha producido una notoria jurisprudencia en las sentencias T-786/2003, T-558/2003, T-524/2005, T-367/2010 y T-585A/2011. Incluso, el Presidente llegó a afirmar que la CIDH se había extralimitado en sus funciones pues, a su juicio, los derechos políticos no son derechos fundamentales.

En fin, una decisión eminentemente política ha puesto en duda la calidad de las instituciones y de la democracia colombiana. Con ello ha cuestionado la credibilidad frente a la guerrilla de las FARC, que actualmente adelanta negociaciones de paz en La Habana, pues ha demostrado que el sistema político es incapaz de garantizar una competencia política justa y legal. Pero también ha puesto en vilo la credibilidad internacional del país, lo que seguramente acarreará sanciones en el futuro.

Edwin Cruz Rodríguez es candidato a doctor en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. (ecruzr@unal.edu.co)

2 Comentários em ¿Por qué el gobierno colombiano desacata a la CIDH?, por Edwin Cruz Rodríguez

  1. qué lástima estos últimos episódios de la vida política colombiana. santos le dió una en el clavo con las negociaciones de la habana y ciento en la herradura con esa decisión casuística de acatar las medidas de la procuradoría. gracias por traernos un razonado muy claro de un hecho que inflama los debates en colombia, edwin.

    ya se veen reflejos de esa decisión en las negociaciones de paz? cree usted que el ejecutivo y la corte constitucional tornarán a confrontarse cómo en los años de uribe?

  2. Profesor Gusmao, es difícil saber a ciencia cierta cuál será el impacto de este asunto sobre las negociaciones, pues éstas se desarrollan de manera secreta bajo el principio “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Por el momento, los voceros de las FARC han sido muy críticos de la medida tomada por el gobierno, cuestionando las garantías para hacer política con opiniones diferentes a las de la clase política tradicional. Para algunos analistas, la decisión de Santos pretendía, además de lo que se comenta en el artículo, enviar un mensaje de tranquilidad a las élites políticas y económicas, es decir, informarles hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en las mesas de negociación de La Habana.